El Senado de la República de México ha dado luz verde a la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, una normativa histórica que busca modernizar el marco regulatorio del sector para adaptarlo a la era digital y al crecimiento exponencial de las plataformas de streaming. La legislación, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, sustituye a la antigua Ley Federal de Cinematografía, ampliando su alcance para abarcar todo el ecosistema audiovisual, desde su fase de producción hasta la distribución y exhibición en múltiples ventanas.
Uno de los hitos más relevantes de esta nueva ley es la elevación del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) a rango de ley. Esta medida garantiza que los fondos destinados a los incentivos de la producción nacional queden asegurados dentro del presupuesto anual del país, protegiendo así la financiación del sector de los eventuales cambios de administración y vaivenes políticos.
El nuevo texto normativo reconoce explícitamente a la industria audiovisual como una actividad estratégica, fundamental tanto para el desarrollo económico como cultural de México. En esta línea, se establecen nuevos mecanismos de financiamiento y estímulos fiscales operados a través de instituciones públicas como el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el objetivo de fomentar e impulsar la producción independiente frente a la fuerte penetración de los conglomerados globales.
Cuotas de exhibición y visibilidad en plataformas
Para asegurar que los contenidos nacionales encuentren su espacio frente a la audiencia, la ley introduce medidas concretas de protección y visibilidad:
- Garantía en salas: Las películas mexicanas contarán con un período mínimo garantizado de 14 días en cartelera.
- Cuota de pantalla: Se establece una reserva general del 10% del tiempo total de exhibición en cines exclusivamente para producciones nacionales.
- Regulación digital: Las plataformas de streaming estarán obligadas a incorporar una sección específica dentro de sus interfaces que garantice la visibilidad y promoción del cine y las series de origen mexicano.
La legislación también pone un fuerte énfasis en la protección del patrimonio cultural. Se han fortalecido las obligaciones relacionadas con el resguardo, la digitalización y el acceso público a las obras que componen el acervo cinematográfico y audiovisual del país.
A su vez, el Estado asume un rol más activo y coordinado como motor de la industria. Las nuevas directrices buscan alinear las políticas públicas y a las diferentes instituciones para facilitar la atracción de inversiones extranjeras, fomentar el desarrollo de talento local y potenciar las coproducciones internacionales.
