En medio del inicio de un nuevo ciclo gubernamental en México, el sector audiovisual del país se enfrenta a una disyuntiva: el posible lanzamiento de incentivos fiscales que podrían impulsar la industria o, por el contrario, la imposición de excesivas demandas que pondrían en peligro su competitividad.
Latinoamérica se ha convertido en un terreno fértil para las producciones audiovisuales, gracias a los programas de incentivos fiscales y cash rebate impulsados por gobiernos de toda la región. Sin embargo, México, a pesar de su peso en la industria del cine y la televisión, aún no cuenta con un plan nacional de estímulos fiscales que lo ponga a la par con sus vecinos.
La industria audiovisual mexicana representó en 2023 el 1,25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, destacando especialmente en Ciudad de México (CDMX), que concentró el 11,6% del PIB nacional gracias a una inversión de US$ 583 millones. Sin embargo, el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA), Guillermo Saldaña, asegura que esta cifra podría aumentar hasta US$ 800 millones si la capital contara con un estímulo fiscal adecuado.
Actualmente, solo Jalisco ofrece un programa de incentivos, con un cash rebate de hasta US$ 150 millones anuales, lo que ha permitido un crecimiento explosivo del sector en ese estado, con una derrama económica superior a los MX$ 817 millones (US$ 41,2 millones) desde 2022.
Sin embargo, la falta de un programa federal y en otros estados está generando incertidumbre en el sector. Los productores locales advierten que de no tomarse medidas pronto, México podría perder competitividad ante otros países, como Colombia, las Islas Canarias o Uruguay, que ya han comenzado a captar producciones que antes se rodaban en México.
Para que el Gobierno implemente un incentivo fiscal, las autoridades exigen que la industria se formalice. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional del Cine (Canacine), un 75% de la industria está compuesta por trabajadores informales, una situación que el Gobierno busca corregir antes de ofrecer cualquier tipo de estímulo.
Sin embargo, esta condición ha generado descontento entre los productores, quienes argumentan que las nuevas exigencias representarán un aumento de hasta un 25% en el costo de producción, lo que podría afectar gravemente a la industria local. Además, la centralización de la producción en la CDMX, que concentra entre el 85% y el 90% de los rodajes, ha generado también un llamado urgente a descentralizar la actividad hacia otras partes del país.
Mientras tanto, la preocupación crece entre los productores, quienes, ante la falta de certeza sobre los incentivos, temen que México se quede atrás frente a la competencia internacional. La pregunta no es si el país necesita estos incentivos, sino cuánta competitividad está dispuesto a perder.
