La industria audiovisual global atraviesa una fase de competencia intensificada por la captación de rodajes internacionales. Mercados como el Reino Unido, Australia y Canadá han endurecido sus apuestas con esquemas de créditos reembolsables y exenciones que superan el 30%, generando un terreno de competencia complejo para las economías emergentes. En este contexto, Iberoamérica presenta un panorama heterogéneo: mientras España y Colombia consolidan modelos estructurados, economías como México, Brasil y Argentina enfrentan el riesgo de perder competitividad debido a la fragmentación de sus políticas o la inestabilidad macroeconómica.
El contexto global y la respuesta regional
Territorios angloparlantes han elevado los estándares de incentivos. El Reino Unido implementó en 2024 un crédito reembolsable (AVEC) con bonificaciones para efectos visuales; Australia aumentó su Location Offset al 30%; y Canadá sostiene un esquema federal acumulable con créditos provinciales. Frente a estos presupuestos estatales, Iberoamérica compite ofreciendo costos operativos bajos, diversidad de locaciones y capacidad técnica.
Sin embargo, la región enfrenta barreras estructurales. Steve Solot, presidente de Latin American Training Center, señaló recientemente en una conferencia que ‘los incentivos financieros son un factor determinante para la atracción de capital y generación de empleo, no un elemento accesorio’. Solot adviertió sobre obstáculos como la inestabilidad normativa, la burocracia y la falta de procesos unificados, lo que sitúa a la región en desventaja frente a la infraestructura y previsibilidad de Estados Unidos o Europa.
Justamente Colombia se ha destacado por mantener una política de incentivos desde 2012, diversificando sus instrumentos a través del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), el Fondo Fílmico Colombia (FFC) y el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA). El sistema CINA, que otorga un crédito fiscal transferible del 35% sobre gastos audiovisuales y logísticos, ha beneficiado a más de 160 proyectos hasta 2024, generando inversiones por 425 millones de dólares. No obstante, el modelo enfrenta limitaciones de cupo: se proyecta que los fondos asignados para 2025 se agoten antes del cierre del año fiscal, lo que evidencia una demanda superior a la oferta estatal.
España, por su parte, funciona como puente entre Europa y Latinoamérica. Su esquema dual combina una deducción nacional (30% primer millón de euros, 25% el resto) con regímenes forales. Las Islas Canarias ofrecen el incentivo más alto, alcanzando un 54% en el primer millón. A pesar de que el retorno de inversión se calcula en 9 euros por cada euro invertido, en 2024 se registró una contracción del 33,6% en la inversión extranjera respecto al año anterior.
Con un mercado interno reducido, Uruguay ha centrado su estrategia en la previsibilidad. El Programa Uruguay Audiovisual (PUA) evolucionó de 4 a 12 millones de dólares anuales, ofreciendo un cash rebate de hasta el 27% y exención del IVA. Este mecanismo ha incrementado las semanas de rodaje en un 340%, posicionando al país como una plaza funcional para producciones de escala media gracias a la simplicidad de sus trámites.
En México, pese a ser un centro de producción histórico, carece de un incentivo federal específico para atraer rodajes extranjeros. La industria se apoya en el Eficine 189 (para producción nacional) y en esfuerzos estatales aislados, como el cash rebate de Jalisco o la infraestructura de la Ciudad de México, que concentra el 80% de la actividad. La ausencia de una política nacional unificada expone al país a la pérdida de proyectos frente a jurisdicciones como Georgia o el Reino Unido.
En Argentina, la situación es similar en cuanto a la fragmentación. Si bien existen organismos nacionales como el INCAA y programas como Film.Ar, el impulso reciente proviene de iniciativas provinciales. La Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta y otras provincias han implementado sistemas de devolución (cash rebate) cercanos al 25%. Sin embargo, la volatilidad económica y cambiaria del país, sumada a la falta de un esquema federal cohesivo para servicios internacionales, limita el alcance de estas medidas.
Finalmente, Perú se encuentra en una etapa de transición normativa. Hasta 2024 carecía de incentivos fiscales para producción extranjera. La promulgación de la Ley 32309 en abril de 2025 introdujo la posibilidad de estímulos y deducciones, aunque su efectividad dependerá de la reglamentación pendiente y la continuidad en su aplicación.
